Ley de mínimos muy mínimos

El real decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre accesibilidad a los modos de transporte para las personas con diversidad funcional establece en su artículo 8 que al menos 5 de cada 100 taxis por ciudad serán accesibles para las personas con movilidad reducida y otro tipo de necesidades de adaptación en el plazo de 10 años desde su publicación en el BOE.

De la norma se desprende que al menos se debe llegar al 5% de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida, pero no que sea ilegal que ese porcentaje de euro taxis se supere.

Por este motivo nos sorprende negativamente la noticia de que en la capital hispalense se va a proceder a abrir un plazo para que los titulares de licencia euro-taxi puedan solicitar su conversión a licencia de taxi convencional.

Pagar con dinero de las arcas públicas para deshacer buenas, aunque insuficientes acciones, nos parece nefasto, insultante y muy cuestionable.

Las personas afectadas por esta medida nos sentimos ultrajadas enormemente, el ayuntamiento de Sevilla y las asociaciones mayoritarias de taxis de la ciudad lanzan el mensaje de que la accesibilidad universal no está dentro de sus planes.

Conviene recordar que el ayuntamiento de Sevilla está adherido a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta norma de rango superior obliga en su artículo 9 a adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso al transporte. Sin restricciones, sin topes.

Nos gustaría ver cómo el ayuntamiento es tan escrupuloso en la aplicación de la norma en otros aspectos relacionados con la accesibilidad, lo que es evidente que no hace: licencias nuevas que incumplen normativa, itinerarios peatonales insufribles, baños inaccesibles en lugares públicos, paradas de bus inaccesibles, fiestas y eventos populares que incumplen la normativa…

Sin embargo, respecto a los taxis parece que al menos se había empezado a superar ese ridículo 5%, pero se decide volver a los mínimos en un alarde de mezquindad hacia los derechos humanos, sin contar con las personas afectadas y por motivos que no se nos han explicado.

Desde VI-Andalucía creemos que el ayuntamiento hispalense y las asociaciones implicadas tienen un grave problema en distinguir un negocio de un servicio público.

Por todo lo anterior solicitamos que se dé marcha atrás a una medida que va en contra del espíritu de la normativa vigente.

Octubre 2017