Una parte de la emisión realizada el pasado 5 diciembre desde TV Mijas.
En ellas se vierten interesantes reflexiones. Nominación del colectivo de las personas con diversidad funcional; el papel de las asociaciones como gestoras de servicios y no como reivindicadoras de derechos; la importancia de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad como «hoja de ruta» para redefinir la acción del colectivo; la responsabilidad del colectivo en cuanto a la discriminación e invisibilidad que sufre: los recortes de económicos de la situación actual se ceban en los más débiles; la «ley de dependencia» y sus perversiones; la inclusión frente a los servicios «especiales» o el nuevo cambio de mentalidad que introduce la Convención
Desde que se aprobó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008, España ha adaptado varias leyes a dicha convención vinculante. Todo ello mediante la Ley 26/2011 de 1 de agosto. Esta ley afecta a determinados artículos de 16 o 17 leyes y en ningún momento indica que habrá una continuación. Es decir, parece que con esto y un bizcocho la legislación española queda adaptada a la convención. La mencionada ley se caracteriza por coger estas leyes al tuntún para su transposición y por no tener dotación presupuestaria que la haga creíble.