Según los estudios del año 2005, el gasto social en España era menor en un 7% a la media europea (9). Y así “…mientras el PIB per cápita de España es ya casi el 86% del promedio de los países de la UE-15, el gasto en protección social por habitante es sólo el 62,5% del promedio de la UE-15. Deberíamos gastarnos alrededor de 60.000 millones de euros más de lo que nos gastamos en protección social para alcanzar el nivel de gasto público social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos (10).”
Según se desprende el Libro Blanco de la “inDependencia”, la inversión en el Sistema de Promoción de la Autonomía en 2004 en España ascendía a 2.767 M€ lo que representaba un 0,36 PIB (11).
Por otro lado, España está a la cola de la OCDE en lo que respecta al número de personas que reciben ayudas por diversidad funcional. Así consta en el último informe de esta organización “Economic Policy Reforms. Going for Growth. 2009” (12). En él gráfico de la página 124 se puede ver que Suecia va a la cabeza de este tipo de inversiones seguido de un grupo grande de países entre los que se encuentran los EEUU, Australia, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, etc. Después va otro grupo de países como Chequia, Francia, Canadá, Eslovaquia, etc. Y mucho más atrás se encuentra España, que sólo precede a Japón, Korea, Turquía y Méjico.
Las inversiones realizadas en este ámbito desde la aprobación de la LEPA seguramente habrán supuesto una leve mejora de estas cifras, pero aún no se dispone de ningún estudio al respecto.
Además, en España se dedicaba en 2005 el 70% del gasto a sistemas residenciales (13), que no sólo no proporciona igualdad de oportunidades, sino que, además generan dependencia y discriminación.
El desarrollo de la LEPA durante los años 2007-2009 no aporta mucha luz a la igualdad de oportunidades. Tras una inversión de 20 millones de euros a un sistema de información del SAAD, en el informe de 1 de abril de 2009 (15)sabemos que no sabemos de qué tipo de prestación son el 41,78% de las prestaciones reconocidas por las CCAA. De las restantes, aquellas que ayudan a promover la autonomía personal y la igualdad de oportunidades (asistencia personal, ayuda a domicilio y teleasistencia) suman sólo el 11’41%, mientras que la prestación más reconocida es la de cuidador familiar (27,04%), una prestación que la LEPA consideraba excepcional y que sirve para prorrogar la dependencia y la esclavitud de las mujeres. Las residencias constituyen un 12,94% de las prestaciones o servicios asignados por el sistema.
(9) RUIZ-HUERTA CARBONELL, J “El déficit de servicios sociales: ¿qué pasó con el gasto social en España?”.
(10) NAVARRO, V. “El Cuarto Pilar del Estado De Bienestar”. Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra. Publicado en EL PAÍS el 30/04/2005
(11) Libro Blanco sobre la «atención a las personas en situación de dependencia en España». Capítulo VIII. p.16. (Servicios=2.381- 0,31 PIB Prestaciones Monetarias=385 – 0,05 PIB)
(12) OECD. “Economic Policy Reforms. Going for Growth. 2009”. p. 124. Figura 4.7. “Income support for disability and sickness” A. Percentage of population aged 20-65 year old receiving disability benefits.
(13) Libro Blanco sobre la «atención a las personas en situación de dependencia en España. Capítulo VIII, p. 15. “presupuesto para atención residencial representa el 68,6 % del total de los presupuestos. Es especialmente significativa la cantidad destinada a mayores, por encima del 73%,”.
(15) SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia). Prestaciones reconocidas a 1 de abril de 2009. Disponible en la web del Portal de la Dependencia (IMSERSO)
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