Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Federación de Vida Independiente (FEVI) anhelando el final de la histórica discriminación a la que están sometidas las personas con diversidad funcional,
MANIFIESTA
Que es obligación del gobierno de España y de la Unión Europea garantizar el cumplimiento íntegro de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Para ello es necesario reformar buena parte del ordenamiento jurídico existente, formalizar nueva legislación, seguir las observaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad y contar para ello con las organizaciones no gubernamentales que representan a las personas con diversidad funcional.
La necesidad de una nueva norma específica, que sustituya a la fallida Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Una nueva ley que deberá garantizar la implantación de la Asistencia Personal como elemento de un sistema público de prestaciones sociales, de manera que el PAGO DIRECTO al usuario cubra las horas suficientes y necesarias para que gestione su vida libre y dignamente.
La exigencia a la Unión Europea de una promoción real y efectiva de políticas que favorezcan la desinstitucionalización, de modo que tal como ella misma viene dictaminando, los Fondos Europeos sean utilizados estrictamente en servicios de apoyo a la autonomía y la vida independiente de las personas con diversidad funcional usuarias de asistencia personal. Se requiere así a la Unión Europea a que suspenda, retire o reembolse pagos si se incumple esta obligación de respetar los derechos fundamentales al destinar fondos públicos a servicios segregadores.
Su contento porque el movimiento asociativo tradicional –históricamente distanciado del movimiento de Vida independiente– acepte cada vez con mayor convicción y energía la necesidad de instar a las autoridades a implementar la asistencia personal como el servicio idóneo para que las personas con diversidad funcional con necesidades de apoyo puedan gestionar sus vidas en su entorno natural y no ser recluidos en residencias en contra de su voluntad.
La necesidad de que todos los agentes sociales se sumen a instar a todas las administraciones públicas (municipales, autonómicas, estatales o europeas) a llevar a cabo las actuaciones necesarias para terminar con la discriminación de los hombres y las mujeres con diversidad funcional, de manera que se garanticen sus libertades fundamentales y se protejan sus derechos humanos.