COMUNICADO DE PRENSA-05/03/2015
La opinión y el sentir de los usuarios de las residencias se ignora sistemáticamente, igualmente se les niega una información básica para poder valorar y decidir.
En los últimos días estamos asistiendo a través de las noticias, al conflicto que se ha declarado ahora, pero que lleva latente desde hace tiempo. Se trata de la residencia para personas con diversidad funcional (discapacidad) que la Camf (Confederación andaluza de personas con discapacidad física y orgánica), tiene en Sevilla ( la residencia de Granada está en una situación similar) . Tras un largo proceso de denuncia e investigación jurídica a las/os responsables de la entidad, ésta presentó concurso de acreedores hace un año, entre otras irregularidades. Ante esta situación la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales decide no prorrogar el convenio que mantenía con la entidad. En esta tesitura los trabajadores del centro han comenzado una serie de movilizaciones, acompañados por las personas residentes y sus familiares. Dichas movilizaciones están recibiendo el apoyo de sindicatos, partidos políticos, así como el ofrecimiento del Defensor del Pueblo andaluz para mediar en el conflicto. Totalmente lícita la defensa de los trabajadores de sus puestos de trabajo, así como del cobro de los salarios que les adeudan.
Sin embargo, los derechos de los trabajadores no deben hacernos ignorar los derechos y la voz de las personas residentes que son el motivo por el que funciona el centro. Ante ello, nadie se interroga, ¿qué opinan las personas que residen en el centro?, ¿cómo han vivido durante todos estos meses de incertidumbre organizativa, dificultades económicas y de precariedad laboral de los empleados?, nadie se pregunta ¿quisieron irse a vivir a una residencia?, ¿se les ofrecieron otras alternativas desde la administración? Tenemos tan naturalizado que las personas que presentan algún tipo de diferencia o diversidad tienen que estar apartadas de la comunidad, en centros de internamiento que nadie se pregunta por qué están allí. La interiorización y el desconocimiento es tan grande que ni los propios residentes llegan a cuestionarse su situación. En puridad desconocen sus derechos y la existencia de recursos alternativos a la residencia.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue publicada en diciembre de 2006, España la ratificó en mayo de 2008, en su artículo 19, establece el derecho que toda persona tiene a decir dónde, cómo y con quién quiere vivir. Para ello, los Estados deben de promover los recursos que permitan que este y otros derechos se cumplan y las personas con diversidad funcional, no sigan siendo discriminadas, excluidas de la comunidad. Junto al imperativo legal, se une el económico. Estudios realizados nos muestran que el coste de los recursos comunitarios para que una persona viva en su entorno, son de un 30 a 40% inferior a la plaza de una residencia. Para colmo la puesta en práctica de recursos como la asistencia personal muestra en la práctica una mayor fuente de empleo y de más calidad que el residencial.
Debidamente informadas, démosle la palabra a las personas que viven en esta residencia y en otras residencias, y preguntémosles dónde quieren vivir, para que los fondos públicos vayan destinados a que se respeten los derechos humanos de todas las personas; incluidas las que presentan una diversidad funcional, sea del tipo que sea, porque también hay investigaciones rigurosas que manifiestan las ventajas que ofrecen para las personas vivir en la comunidad, en su entorno, frente a los riesgos de exclusión y abandono que puede producir el ingreso en una residencia .