Sin duda, la institucionalización de personas vulnerables y, en especial, de aquellas que somos discriminadas por nuestro funcionamiento y aspecto es un hecho cultural y una tradición profundamente arraigada en nuestro país, continente y gran parte del mundo.
Lo que se atestigua aquí es justamente que en el año 2019, España sigue siendo un país donde las personas discapacitadas sólo tenemos la opción (salvo excepciones) de quedarnos a vivir en la vivienda familiar recibiendo apoyos informales o formales insuficientes, o ir a un centro residencial; es decir, la institucionalización sigue siendo, nos guste o no, forzada en la mayoría de los casos.
Esta situación no ha hecho despertar a la sociedad de su letargo y que sea ella quien exija a nuestros gobernantes acciones efectivas para detener nuestro internamiento y la creación simultanea de servicios de apoyo que permitan a las personas de todo tipo mantener intacto su estatus de ciudadano, de ser humano, con su dignidad e igualdad de derechos sin lacra y cumpliendo con las obligaciones que la inclusión conlleva.
Todo lo contrario, los propios miembros de la sociedad, nuestras autoridades e incluso parte de las entidades que dicen representarnos y velar por nuestra calidad de vida continúan solicitando y utilizando los centros de internamiento de personas discriminadas por nuestro funcionamiento para mantener su popularidad y unos puestos de trabajo que podrían ser transformables y respetuosos con las vidas de las personas con diversidad funcional. Mientras unos y otros se mantienen impasibles ante esta cultura del descarte de ciertos individuos, una minoría contemplamos con estupor la situación creada.
Resulta del todo inaceptable que se sigan cometiendo estas prácticas ante el aplauso de la mayoría. Frente a la postura mayoritaria, cabe recordar que todo movimiento social que ha traído consigo un cambio importante en ella, comenzó por un minúsculo grupo de personas (a menudo tachadas de “indeseables”) que, en un momento dado, alzó la voz pese a la impopularidad de sus palabras.
En cualquier caso, lo que se quiere transmitir en este documento es un número bastante importante y preocupante de apuntes de prensa que remiten a la construcción y mantenimiento de tales centros sin el menor atisbo de rebeldía contra esta práctica. Por lo tanto, la credibilidad de este escrito no es mayor que la de humildes y oficiosas noticias que de cuando en cuando salen a la luz.
A lo mejor estos renglones sirven para cambiar un poco la marea dominante cuya resaca nos arrastra. Lo más probable es que no gocen de ninguna utilidad, pero no se puede quedar el autor impertérrito ante la pasividad general. De este modo, queda constancia de que estas prácticas siguen sucediendo en pleno siglo XXI.
Así pues, en la medida de lo posible vistos los limitados recursos disponibles, se intentarán aportar enlaces, titulares, breves resúmenes y párrafos destacados de noticias pertinentes a este preocupante asunto de la institucionalización.
El orden cronológico de este documento no es nada preciso. De hecho, como los acontecimientos se suceden de modo dinámico, se debe empezar señalando que en el primer artículo de prensa se decía «Lloro y me indigno cuando veo que no hay dinero para esta residencia» mientras que un año más tarde los lamentos de este padre que preside una asociación de personas con discapacidad intelectual se tornarían en alegría y falta de indignación porque su ayuntamiento destinaba más de 1.5 M € a la transformación de una antigua residencia de la ONCE a residencias, centro de día y pisos tutelados de entidades de esa localidad pontevedresa: El Concello destinará más de 1,5 millones de euros a la reforma del Centro Sur. Estas nuevas instalaciones pertenecen a pequeñas “sucursales” de ASPACE, COCEMFE y COGAMI, en cuya página web se puede ver que recibe fondos de la Unión Europea, de la ONCE y de muchas otras entidades y autoridades locales, regionales y nacionales.
Trasladándonos desde Galicia hasta la comunidad valenciana, encontramos una residencia gestionada por la asociación APSA, compañera de viaje de Plena Inclusión, que aunque abierta desde 2013, en 2019 cambia de nombre por el de la Reina de España: Doña Letizia dará nombre a la residencia para discapacitados psíquicos. En su día, “el Gobierno Provincial impulsó la construcción de este edificio, cuya actividad se inició en el año 2013, con una inversión de 4.727.609 euros, y subvencionó con cerca de 80.000 euros el mobiliario y las camas de las habitaciones”. Volviendo al norte de la península encontramos el siguiente titular: Años de atraso para un centro público para personas con discapacidad mientras se financian 800 plazas privadas. No deja de sorprender esa extraña disputa entre la financiación de plazas privadas y públicas cuando ambas influyen negativamente en las vidas de personas discriminadas por nuestro funcionamiento, robadas de nuestra vida independiente. En cualquier caso y pese al amiguismo, la financiación de centros y plazas es pública en ambos casos, otra cosa será que la inspección sea más estricta según la titularidad de un sitio o del otro.
De nuevo llama la atención el titular que lleva a la noticia de que “La residencia para personas con discapacidad de Ontinyent entra en funcionamiento” sobretodo por la confusión que generan unas instalaciones ya construidas pero no utilizadas en una década y porque este tipo de centro ha sido numerosamente desaconsejado por instituciones europeas y mundiales. Pero no podía ser menos Castilla La Mancha, donde la noticia titulada “Importante noticia para el bienestar de las personas mayores y con discapacidad de Yeste” nos cuenta que “El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por el bienestar de las personas del municipio albaceteño de Yeste, al que está dedicando un mayor presupuesto a lo largo de esta legislatura”, asimilando erróneamente los conceptos de bienestar y dignidad que, en general, se utilizan indistintamente. Señalamos ahora el siguiente titular: “19 personas con discapacidad intelectual residen en los 4 pisos cedidos por el Ayuntamiento de Logroño a Plena Inclusión”, que se siguen construyendo pese a lo estipulado por la observación general 5 de 2017 que, entre otras materias, alude a que el tamaño de las viviendas tuteladas para personas discapacitadas no hace que este tipo de residencias dejen de ser incompatibles con el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
A continuación nos desplazamos a la región de Murcia donde se puede leer “La Comunidad tiene 42 plazas concertadas en la residencia de la Fundación Pro-Personas con Discapacidad de la Policía Nacional en San Javier”. En el primer párrafo se puede leer cómo la fundación para las personas con discapacidad de la policía Nacional de la región de Murcia ha recibido un dinero para continuar con sus actividades durante el año 2019: “La Comunidad tiene concertadas 42 plazas en la residencia que la Fundación Pro-Personas con Discapacidad del Cuerpo Nacional de Policía (Fundamifp) gestiona en San Javier. El concierto supone una inversión en 2019 de 836.000 euros”. Por cierto, esta asociación o fundación pertenece a Plena Inclusión y también a COCEMFE.
Cambiando de tema, resulta una práctica habitual que los llamados “centros de día” incluyan a su vez un número de plazas residenciales en las que las personas discriminadas por su funcionamiento (y en algunos casos sus familias) pasen todo el día y la noche. “De esta forma, en las nuevas instalaciones estas personas y sus familias dispondrán de servicios de autonomía personal y servicios de apoyo a familias, centro de día, mini-residencia y otros programas y actividades asociativas”, como sucede en Castilla y León, donde “La Junta financia el centro de Aspace en Ávila, que atenderá a un centenar de personas” según indican el periódico 20 minutos y la cadena de radio COPE. De este modo, un centro de día puede pasar los filtros necesarios para acceder a la financiación necesaria.
Ahora viene un ejemplo de colaboración público – privada para la construcción y financiación de una residencia para discapacitados que estará ubicada en unos terrenos cedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social en Coia. Como refleja la prensa, en Vigo se pone en marcha, de la mano de El Corte Inglés, una recogida de fondos para construir una residencia que gestionará ASPANAEX. Por supuesto, esta entidad dedicada a personas con discapacidad intelectual pertenece a Plena Inclusión. Lo mismo sucede en Aragón con la entidad ATADI, lo que muestra la especial tendencia de personas con sus capacidades de decisión mermadas o arrebatadas a ser internadas en centros institucionales de uno u otro cariz. Esta entidad local presenta como aliados organismos públicos y entidades privadas, aparte de ser de miembro de asociaciones del sector de la discapacidad que blanquean fácilmente las actividades de ATADI. De este modo, no extraña el titular del periódico digital de su comunidad autónoma, que dice que “Atadi abrirá una nueva residencia con 24 plazas en Alcañiz”. La institucionalización de las personas discriminadas por su funcionamiento se perpetúa siempre de una u otra forma.
Por supuesto, en este breve relato no podemos dejar de lado la “generosidad” de la comunidad de Madrid. Según un periódico de la comunidad autónoma que alberga la capital de España, en febrero de 2019 la “Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 3,5 millones de euros para mantener 331 plazas de atención residencial a personas adultas con discapacidad física”. Se reparte dinero y fondos para mantener un sistema de dependencia que viene de tiempo atrás y que ha sido mostrado como nocivo para las personas discapacitadas.
Por otro lado, queda patente como en la región de Murcia que ni el partido en el poder ni el principal partido de la oposición llegan a entender que las viviendas grupales son otra forma de institucionalización. Esto ocurrió en febrero de 2019 cuando el candidato a la alcaldía de la ciudad de Murcia solicitaba algunos recursos para personas discapacitadas. Para esta persona, la igualdad de oportunidades se consigue mediante el aumento de puestos de trabajo, el ocio inclusivo y las viviendas tuteladas. También en Elche y con la financiación del Consell de la comunidad autónoma valenciana, se dio comienzo a la construcción de una residencia para discapacitados con la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento y un millón de euros de la consejería para comenzar la construcción de este centro residencial. La construcción y el mantenimiento de este tipo de infraestructura no se ocultan en absoluto, sino que se ve como algo necesario y se acepta cultural y socialmente.
Volvemos a Galicia, donde “ASPRONAGA forma parte del movimiento asociativo articulado en Galicia por FADEMGA-Plena Inclusión Galicia y, en el ámbito estatal por Plena Inclusión”. Pues bien, en una entrevista publicada por el periódico la Opinión de A Coruña, se puede leer «La residencia de Aspronaga es un respiro muy grande para una familia, me da la vida», lo que deja a las claras quien es realmente el centro de la atención en estas residencias donde se tiene más en cuenta a los familiares que a las personas discapacitadas. De nuevo observamos como la cooperación entre organismos públicos y entidades privadas cooperan para construir y mantener esta clase de servicios de “apoyo”.
Con motivo del día de Andalucía, la entidad social ADIPA recibe la Distinción Bandera de Andalucía como la mejor entidad social de la provincia de Málaga, según refleja la propia página web de Plena Inclusión, organización a la que está vinculada. Al mismo tiempo, ADIPA estaba buscando financiación para la construcción de una residencia para adultos con problemas de aprendizaje como aparece en el Digital “Las cuatro esquinas”. Pocos meses después la financiación pública ha ido viniendo de diferentes ámbitos. Sin salirnos de la misma comunidad autónoma, Europa press nos informa de que “la Diputación de Cádiz renovará su convenio de colaboración con Afanas (perteneciente a Plena Inclusión) en Jerez para 2019”.
Viveiro (Lugo) acogerá una residencia para personas con discapacidad intelectual en las instalaciones de la EOI (Escuela Oficial de Idiomas) cedida por la tesorería general del estado. Esa residencia, según nos dice la prensa, pertenecerá a la asociación ASPANANE. Las obras de rehabilitación del antiguo edificio donde se ubicará la residencia, un centro de día y un centro ocupacional le costará a diferentes organismos públicos 500.000€.
En la provincia de Málaga, el diario local nos cuenta que Amirax proyecta una residencia para alojar a personas con discapacidad grave, en concreto hasta 30 de ellas, una residencia que costará cerca de 500.000€ de nuevo. La asociación Amirax cuenta con el apoyo en sus diferentes servicios de varias entidades, como la junta de Andalucía, el gobierno de España y la diputación provincial de Málaga, la asociación Plena Inclusión o la fundación ONCE. Cuenta el periódico digital gallego Atlántico que se va a ampliar una residencia de discapacitados para que en lugar de albergar a 60 personas como hace en la actualidad pase a dar servicio a 80 personas discapacitadas, con la necesaria contratación de más personal.
En plena campaña electoral, no podía faltar quien ofreciera mayores plazas de educación y más residencias para personas discapacitadas, en este caso ocurrió en Castellón y formuló estos compromisos la portavoz municipal del Partido Popular, señora Carrasco. La prensa se hace eco de la protesta ante la Junta de gobierno autonómico de Madrid por la falta de financiación adecuada para atender las necesidades de personas con parálisis cerebral. El titular dice lo siguiente: “ASPACE se concentra contra la Comunidad por «la grave» situación de las personas con parálisis cerebral”, la solución que reclama es que la comunidad facilite a los miembros de esta asociación con más dinero para mantener sus servicios, entre los que están centros residenciales. Debido a la falta de recursos alternativos y a la irritante ausencia de información, las asociaciones Alpe y Apanee convocan una manifestación por el derecho de la residencia de discapacitados en marzo de 2019. La vinculación de Apanee con Cocemfe Alicante aparece en la página de esta entidad.
Respecto a la alimentación dispensada a los internos en centros residenciales nos habla la prensa vasca con el titular: “Las residencias forales destierran los triturados y recuperan la comida ‘real’”.
Un periódico gallego alerta de la triste realidad de que “la falta de una residencia aboca a arousanos con discapacidad intelectual al desarraigo”. Aunque sabemos que estos centros no solucionan los problemas de los discapacitados.
Para agilizar un poco la lectura de este documento, nos permitimos a continuación simplemente reflejar los titulares de prensa con los enlaces de los medios que reflejan las noticias que contienen.
Fundación DFA tendrá una nueva residencia para personas con discapacidad en Vadorrey
Vilagarcía urge a la Xunta que construya una residencia para personas con discapacidad
Familias de jóvenes con discapacidad demandan por séptimo mes consecutivo plazas residenciales
La nueva residencia de Lakua abrirá sus puertas a finales de 2021
Fegadi solicita a la Junta más plazas concertadas para personas con discapacidad
La Comunidad de Madrid adjudica a Domusvi la gestión de un centro por 4,18 millones de euros
Reclaman plazas en residencias para altos discapacitados intelectuales
O Barco abre la residencia de discapacitados con 40 plazas
El PSOE propone un centro para la discapacidad física
Servicios Sociales concierta 25 plazas para la residencia Santa Ana
El PP se compromete a terminar las obras de la Residencia de Salud Mental de Alcázar
El Gobierno riojano aporta un millón de euros para la residencia de Asprodema
ARFES contará con una casa hogar en Logroño para personas con trastorno mental
Aspace abrirá su residencia en septiembre con 16 plazas concertadas
Una carrera para poner ladrillos en Cantillana
DomusVi se adjudica la gestión de un centro en Madrid por 4,2 millones
Fegadi Cocemfe aumenta 22 plazas para Gravemente Afectados
Aniversario de la Residencia de Personas con Discapacidad «El Palmar»
MÁS DINERO PARA PLAZAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
Batalla judicial entre una fundación benéfica y 120 familias con hijos discapacitados
Área recreativa de la residencia de discapacitados en Peñarroya
Oltra visita la residencia de discapacitados abierta este año tras casi ocho cerrada
Los Gallos abrirá una nueva residencia destinada a discapacitados intelectuales
Adipa Antequera pide a la Junta financiación para su residencia de adultos
Aspace abrirá su residencia en septiembre con 16 plazas concertadas
El Rubio saca a concurso la obra para equipar la residencia para discapacitados
La nueva residencia de discapacitados de Sueca, a punto para recibir pacientes
Aceesca consigue el terreno para crear una residencia para discapacitados intelectuales
El PP pide al Consell que acelere la residencia para discapacitados
SATSE denuncia que hay residencias, como la de Churra, sin médico
Familiares de personas con discapacidad intelectual reclaman plazas de residencia
Asprodes, «a punto» de abrir su nueva residencia en Ciudad Rodrigo tras invertir 1,6 millones
Carmen Calvo visita la residencia de FAAM y mantiene un encuentro con su tejido asociativo
Destinan 13,8 millones para ayudar a las personas con discapacidad intelectual
«No somos bichos extraños. Que nos miren como a personas» El discurso dominante.
La infancia, protagonistas del Día Mundial de las Personas con Discapacidad
El PSOE de Ronda propone crear una residencia para discapacitados
El centro residencial de discapacitados de San Pedro estará acabado en el plazo de un año
En línea con la inclusión social
No debemos olvidar que el 18 de marzo de 2019 en Ginebra, Suiza tuvo lugar la vigésimo primera sesión del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en la que declaró España con respecto al desarrollo que había tenido en nuestro país la convención. La sesión completa se puede ver en este enlace. Al día siguiente, la sesión relativa a España continuó y se puede ver en este enlace.
El día 13 de mayo de 2019 ya estaban a disposición del público y las instituciones las diferentes observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España. El informe completo se puede descargar desde la siguiente página. Específicamente en lo referente al artículo 19, algunas de las recomendaciones apuntan a que nuestro país:
a) Reconozca en su legislación el derecho a la asistencia personal, de modo que se garantice el derecho de todas las personas con discapacidad a la asistencia personal, con criterios individualizados para que puedan vivir de forma independiente en la comunidad y tener acceso a una amplia gama de sistemas de apoyo humano dirigidos por el interesado o el “usuario” y a la autogestión de la prestación de los servicios;
b) Suspenda la utilización de fondos públicos en la construcción de instituciones residenciales para personas con discapacidad e invierta en sistemas de vida independiente en la comunidad y en todos los servicios generales, a fin de que esos sistemas sean inclusivos, garantizando que sean accesibles para todas las personas con discapacidad y estén al alcance de estas, con miras a facilitar su inclusión y participación en todas las esferas de la vida;
c) Diseñe, apruebe y lleve a la práctica una estrategia
integral de desinstitucionalización y establezca salvaguardias para garantizar
el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad en
todas las regiones, destinando los recursos dedicados al internamiento a los
servicios prestados en la comunidad, y aumentando el apoyo presupuestario para
las personas con discapacidad a fin de que puedan acceder a los servicios,
incluida la asistencia personal, en igualdad de condiciones con las demás
personas. [1]
[1] Documento CRPD/C/ESP/CO/2-3 2019, página 10.