Desde que se aprobó la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008, España ha adaptado varias leyes a dicha convención vinculante. Todo ello mediante la Ley 26/2011 de 1 de agosto. Esta ley afecta a determinados artículos de 16 o 17 leyes y en ningún momento indica que habrá una continuación. Es decir, parece que con esto y un bizcocho la legislación española queda adaptada a la convención. La mencionada ley se caracteriza por coger estas leyes al tuntún para su transposición y por no tener dotación presupuestaria que la haga creíble.
El parlamento central habrá aprobado a lo largo de su historia varios miles de leyes. A eso hay que añadir los decretos, órdenes, etc. que tengamos. Todo ello sin contar con la legislación que tenemos a nivel autonómico, provincial y local, lo que sumaría otros varios miles de normas.
A todo esto hay que añadir que, tras la aprobación de dicho tratado internacional vinculante, tanto a nivel estatal como autonómico se han seguido aprobando leyes que vulneran la primera Convención de Derechos Humanos del siglo XXI, sin contar con que nuestras autoridades continúan actuando de espaldas a la propia legislación que ellos mismos se marcan.
El número total lo desconozco, pero debe ser algo mareante. Pongamos diez mil o veinte mil; la verdad, lo ignoro. Desde luego, no todas afectan a la diversidad funcional. Por ejemplo, yo me pregunto si tiene algo que ver la ordenanza X sobre el diámetro adecuado de las farolas con la llamada discapacidad.
La Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un estudio sobre la cantidad de leyes que sería necesario adecuar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sorprende que desde el ámbito público no se haya efectuado algún informe similar. Esta entidad académica ha llegado a la conclusión de que necesitamos adecuar más de 100 sólo en el ámbito estatal. Si nos creemos ese estudio, y viendo que desde mayo de 2008 hasta agosto de 2011 se habían adaptado 16 leyes a la convención mediante una ley poco o nada convincente, decir que vamos a paso de tortuga en este terreno me parece exagerado, casi tanto como indicar que discurrimos a ritmo a caracol. Ambos bichos nos adelantarían por la derecha al ritmo de atasco que llevamos.
Este tratado internacional con rango de ley en España merece un poco más de vidilla por nuestra parte. Al ritmo que vamos se tardará en ajustar nuestra normativa casi 20 años. Por esas fechas muchos de ustedes ya no andarán por estos lares, y yo mismo rondaré los 60 tacos. Tendremos muchos papeles en el BOE que dicen que por fin se respeta la Convención.
A partir de ese momento, habrá que llevar el papel a la realidad tangible, y no me aventuro a poner una cifra a algo que sucederá cuando ya me encuentre criando malvas.
Autor: César Giménez