Se van intentando hacer aportaciones para mejorar las leyes que más nos incumben: La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas con Dependencia (Ley de Dependencia), y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
De ese modo, y con el mejor talante posible, los miembros de esta asociación junto a la plataforma Quererla es Crearla intentaron hacer las mejoras pertinentes dentro de unos marcos legales que no nos terminan de convencer. Las modificaciones deben ser profundas para tener algún efecto en la vida real de las personas con diversidad funcional. Por tanto, las propuestas que hicimos a mediados de septiembre fueron bastante profundas en la dirección de ensalzar o mejorar dentro de marcos normativos adversos lo establecido por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y las Observaciones Generales, sugerencias y recomendaciones específicas a España del Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la propia ONU. Nos centramos especialmente en lo que atañe a la asistencia personal, la desinstitucionalización y la educación inclusiva (no necesariamente en ese orden).
Habiendo hecho un examen profundo de la compatibilidad de la legislación española con este tratado internacional de obligado cumplimiento en España desde 2008, a continuación incluimos las aportaciones que hicimos en septiembre.