El proyecto piloto de asistencia personal que gestiona esta entidad desde 2015 hasta nuestros días, está en constante peligro de desaparición y en situación enquistada. A continuación se describen algunos motivos para que nos encontremos en semejante atolladero.
Este proyecto piloto de asistencia personal para la vida independiente de las personas con diversidad funcional está sujeto a una subvención anual de régimen competitivo, mediante la que una cantidad de dinero es otorgada supuestamente (a voluntad de la administración) a dicha entidad, Vida Independiente Andalucía. Las convocatorias de solicitud para estas subvenciones no tienen fecha fijada, las cantidades concedidas varían de un año para otro (en el caso de esta entidad a la baja) y el ingreso del importe concedido tampoco tiene fecha fija, excepto la supuesta obligación de efectuarse en el año en curso.
En consecuencia, no existe pago directo y la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la contratación directa es nula. Podemos decir que es, en efecto, un servicio de apoyo, pero no podemos afirmar con rotundidad que se trate de un servicio de asistencia personal ajustado a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Existe por parte de la administración autonómica y de la ciudadanía una gran falta de conocimiento y de información sobre esta prestación, regulada insuficientemente y mal por la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
En parte esta ignorancia, junto con las muchas trabas administrativas impuestas por parte de la autoridad y de los servidores públicos, provocan que este derecho civil no se haya desarrollado correctamente, ni haya sido solicitado por muchas de las personas con necesidad de apoyos y diversidad funcional que lo precisan.
La falta de interés en su desarrollo normativo en Andalucía y el resto de comunidades autónomas españolas es notable, tanto es así, que solo ha sido desarrollada para aproximarse a los dictados de la Convención de la ONU en muy pocas comunidades, su incidencia en otras es escasa y su inexistencia en otras autonomías llama la atención.
La financiación insuficiente y turbia sostenibilidad de un sistema de apoyos como el existente para las personas con diversidad funcional no es adecuada. La ideología que sostiene esta ley es incongruente y nuestro país ha recibido toques de atención en varias ocasiones por parte de la Organización de Naciones Unidas.
Esta entidad ha sido obligada por la Consejería pertinente a devolver dinero que había conseguido ahorrar para posibles e inesperadas contingencias, y penalizada por el mismo motivo, a pesar de la insuficiente y cada vez menguante financiación concedida.
Las políticas y fomento de la dependencia priman sobre los de Vida Independiente, sin que exista una cantidad suficiente y predecible para la vida independiente con asistencia personal, mientras que existe un gasto y aumento desmesurados de cantidades destinadas al internamiento de personas con diversidad funcional en centros residenciales.
Por todo lo anterior, instamos y recomendamos a nuestro gobierno autonómico:
- A que atienda en todo momento los principios y
valores ensalzados en la Convención. La asistencia personal es una inversión
rentable y eficiente en vida independiente que favorece a los usuarios,
trabajadores, familiares y administraciones varias, según ha sido probado por
estudios independientes encargados por la propia Junta de Andalucía y otras
comunidades autónomas.
- A que cumpla los derechos perfilados en dicho
tratado internacional, sirviéndose para ello de la diferente documentación
referente a algunos artículos de la misma y a la situación de la Convención en
nuestro país.
- A que informe periódicamente y de forma clara,
accesible, pública y transparente sobre la situación en que se encuentra
Andalucía respecto a la asistencia personal contemplada en la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad, según fue resuelto en el
Parlamento Andaluz en julio de 2020.
- A que todas las políticas emprendidas por nuestro gobierno cuenten con la participación de la sociedad civil y, en concreto, de las personas con diversidad funcional. Nuestra participación no puede ser meramente simbólica.