Páginas 25 y 26 del informe CommDH/IssuePaper(2012) 3 sobre el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por el Consejo de Europa.
Traducción: César Giménez.
Una y otra vez salen a la superficie y entran en la conciencia pública, historias sobrecogedoras de tortura, abuso o negligencia grave en instituciones. Los informes sobre algunas de las violaciones más graves de derechos humanos emergen de cada país que cuenta con residencias, los abusos y el abandono se producen a lo largo de todo el mundo. Algunos ejemplos de la última década incluyen varios hombres que mueren de desnutrición e hipotermia en instituciones rumanas, personas en un hospital psiquiátrico de Dinamarca permanecen atados a una cama de hospital durante varios días, personas con dificultades de aprendizaje en una pequeña institución en el Reino Unido son golpeados por el personal, procedimientos de seguridad contra incendios inadecuados en una institución que lleva a la muerte de varios niños con discapacidad en Estonia, severo hacinamiento y la malos materiales y falta de higiene en un centro psiquiátrico en Ghana, y el uso de correas y de la electricidad para imponer la disciplina en niños con discapacidades en los Estados Unidos.
La propensión a la violencia es inherente a las instituciones, porque la vida se lleva a cabo en un sistema cerrado, por lo general lejos de la mirada pública. Abuso y negligencia se agravan por la total o parcial falta de informes debido a la ausencia de poder de los individuos que viven dentro del sistema, su propio miedo a las represalias a cargo del sistema de soporte básico, la falta de acceso a la justicia, incluyendo a mecanismos tales como oficinas de los mediadores y tribunales, y las barreras en la comunicación relacionadas con la discapacidad. Mientras que la supervisión de entornos cerrados es fundamental para minimizar el abuso dentro de ellos, no existe suficiente vigilancia o cámaras de televisión de circuito cerrado que puedan hacer de estos centros menos susceptibles de cometer abusos. La solución está en el desmantelamiento de estas instalaciones, y el desarrollo de servicios más humanos basados en la comunidad.
En la actualidad existe amplia evidencia de un mayor riesgo de explotación, violencia y abuso, como resultado de vivir en una institución. Las instituciones son lugares donde «vejaciones indescriptibles» tienen más probabilidades de ocurrir que en el seno de la comunidad. Como el anterior Relator Especial de la ONU sobre la Tortura señaló en 2008:
Las personas con discapacidad suelen estar separadas de la sociedad en las instituciones, incluidas las prisiones, centros de atención social, orfanatos e instituciones de salud mental. Se les priva de su libertad durante largos períodos de tiempo, incluyendo lo que puede constituir una experiencia de toda la vida, ya sea en contra de su voluntad o sin su consentimiento libre e informado. Dentro de estas instituciones, las personas con discapacidad suelen ser objeto de vejaciones indescriptibles, negligencia, formas graves de restricciones y aislamiento, así como violencia física, mental y sexual. La falta de ajustes razonables en los centros de detención puede aumentar el riesgo de exposición al abandono, la violencia, el abuso, la tortura y los malos ratos.
La Institucionalización interrumpe críticamente los planes de vida
Extraer a personas de sus entornos normales familiares y comunitarios, colocándolos en elentorno segregado de una institución interrumpe críticamente sus planes de vida, o les niega una oportunidad de desarrollar un proyecto de vida en primer lugar. Tener un plan de vida es esencial para la toma de decisiones. Sin un sentido de la propia dirección de la vida,no hay margen para la toma de decisiones significativas. Institucionalización, aislamiento y exclusión social impiden a las personas con discapacidad la oportunidad de establecer una dirección para sus vidas. Esto también envía el mensaje equivocado al resto de la sociedad: las personas con discapacidad no son merecedoras de la toma de decisionesen la búsqueda de sus proyectos de vida con apoyos necesarios.
La Institucionalización arranca a una persona de la familia, los amigos, sus actividades académicas y de empleo, entre otros aspectos de la vida de la comunidad. Esta alteración en las relaciones y esfuerzos de la persona lleva a una quiebra en su vida e individualidad, creando inmensas barreras para la reintegración comunitaria. Una vez institucionalizada, dada la forma de vida típica de cuartel y la ausencia de toma de decisiones, es difícil para una personarecuperar la capacidad de utilizar las habilidades personales para la gestión de una vida fuera de la institución, incluyendo manifestar su voluntad e intenciones.
Factores que contribuyen a la institucionalización
Las personas con discapacidades son a veces obligadas por la fuerza a vivir en instituciones, por orden judicial o por las leyes que permiten la detención y el tratamiento forzoso de las personas cuya enfermedad mental se evalúa de naturaleza o grado de confinamiento «permitido» de acuerdo con esas leyes. El artículo 14 de la CDPD se opone y prohíbe la privación de la libertad sobre la base de una discapacidad.
Muchas otras personas son institucionalizadas por la fuerza, incluso sin una orden judicial formal u otro procedimiento. Si no hay infraestructura para los servicios en la comunidad, y una persona necesita apoyo en la vida cotidiana, esa persona puede no tener libertad de elección para evitar vivir en una institución. Más aún, la elección real es reducida si las personas con discapacidad, sus familiares, las redes de apoyo a su alrededor, y los profesionales no están al tanto de una opción basada en la comunidad (y si no existen servicios para hacer de ella una opción real).
El proceso puede ser tal que una entidad gubernamental (por ejemplo, la autoridad de bienestar social) está autorizada para restringir que una persona reciba el apoyo de la comunidad. El sistema puede incentivar las colocaciones en instituciones y desincentivar derivaciones a la comunidad. Esto puede ocurrir a nivel del proveedor (como beneficiar de deducciones fiscales a los proveedores de servicios residenciales, y no hacer lo mismo con los proveedores de servicios basados en la comunidad), o a nivel individual (que ofrece más apoyo en un centro residencial que en un servicio basado en la comunidad. Los sistemas de financiación pueden preferir un servicio al otro, por ejemplo, si la tasa per cápita que el Estado ofrece a los proveedores de la institución es superior a la tasa per cápita que ofrece a los proveedores de los servicios basados en la comunidad, o el tope de la financiación individualizada que el estado pone a disposición de las personas para adquirir sus propios apoyos (como en los sistemas de pago directo en algunos países europeos).
También se ha observado que los sistemas de financiación de los donantes como los organismos internacionales de ayuda al desarrollo, el Banco Mundial y la Unión Europea podrían dar lugar a un mayor esfuerzo fiscal y mayor inversión en la institucionalización en comparación con la inversión necesaria en apoyos basados en la comunidad, a través de las prioridades y orientaciones adjuntas a los fondos. Estos donantes y organismos de financiación podrían desempeñar un papel crucial en el aumento de fuentes de financiación para la creación de la opción de base comunitaria y poner fin a la financiación de entornos institucionalizados.