Semana de la discapacidad

La Plataforma por una Asistencia Personal Real denuncia el incumplimiento del derecho a la asistencia personal garantizado por ley

● Solo 14 personas disfrutan de este derecho en Andalucía

● Exigen al Gobierno andaluz que financie de forma suficiente este recurso, que además supondría una rebaja en el gasto público

Andalucía, 30 de noviembre de 2022

La Plataforma Asistencia Personal Real, asentada en Andalucía, ha denunciado hoy, con motivo de la Semana de la Discapacidad, que el derecho a la asistencia personal -aquella que ofrece un apoyo para garantizar la vida independiente de las personas con diversidad funcional- se incumple de manera generalizada en Andalucía, a pesar de estar garantizada por ley. 

Según datos de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía y Dependencia de Andalucía, solo 14 personas en toda la comunidad autónoma disfrutan de la asistencia personal, frente a las 26.705 personas que viven en residencias. Para la organización, es la prueba de un fracaso en la aplicación de la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ya que, asegura, se está realizando de manera incompleta y se ha convertido en una ley asistencialista, que se olvida de la autonomía personal.

Gracias a esta prestación, una persona con diversidad funcional puede decidir sobre su vida, sin necesidad de depender de una residencia o de su familia, tiene capacidad para contratar directamente a la persona trabajadora que le presta los apoyos humanos para controlar su propia vida. “Al tratarse de un asunto que afecta directamente a la intimidad de la persona, a su hogar y en muchos casos a su cuerpo, es fundamental el poder controlar esta situación y no estar dependiendo de los apoyos voluntariosos de familiares, ni estar sometidas a continuos cambios de trabajadoras y con horario muy escaso, como en el caso de la ayuda a domicilio”, explica la plataforma.

No obstante, la realidad en la práctica impide el acceso a la asistencia personal y las personas, en muchos casos jóvenes o con gran capacidad de gestionar su autonomía, acaban en residencias. “Las personas en situación de dependencia quedamos ninguneadas y nuestros derechos son papel mojado”, lamentan desde la plataforma. 

Por ello, exigen al Gobierno andaluz que este recurso se financie y se facilite a las personas con diversidad funcional la asistencia personal que les corresponde por derecho y que les permitiría ser dueñas de sus propias vidas en igualdad con el resto de la ciudadanía, tal como establece el artículo 14 de la Constitución Española.

Algo que no se cumple en la actualidad, critica, “en la práctica está comprobado que las personas con diversidad funcional no podemos acceder en igualdad de condiciones al trabajo, la cultura, el ocio y muchos otros aspectos de la vida cotidiana por falta de recursos de apoyo, aunque la ley los garantice”.

Según la organización, la prestación de asistencia personal se ha desarrollado en algunas comunidades autónomas con mayor intensidad que en otras, la más garantista es el caso de la comunidad valenciana, donde el tope máximo de la prestación es igual al coste de una plaza residencial. 

La aplicación de la asistencia personal supondría una rebaja en el gasto público, dado que en muchos casos las personas no llegan a necesitar tantas horas de atención, por lo que la prestación sería más reducida, permitiendo que pudieran permanecer viviendo en su domicilio habitual y desarrollando su vida según su propio proyecto vital, y evitando acabar en una residencia, lo que evidentemente aumenta el gasto público.

En el año 2013 el Parlamento Andaluz crea una PNL (Proposición No de Ley), aprobada por unanimidad, mediante la cual se instaba al Gobierno a tomar medidas urgentes para crear esta herramienta de empoderamiento tan importante para las personas con diversidad funcional, pero “lamentablemente”, denuncian, no se ha visto resultado alguno.

La Plataforma Asistencia Personal Real recuerda que este recurso es un derecho humano reconocido por la ONU en  la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó el 3 de diciembre de 2007 y firmó en mayo de 2008, y que su limitación en la práctica perjudica a la ciudadanía en situación de dependencia y, por extensión, a toda la población, ya que es una situación en que cualquier persona puede encontrarse en algún momento de su vida.