¿Políticas de vida independiente? No, gracias

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Tweet de María José Sánchez Rubio

En #Andalucía priorizamos la atención a la #Dependencia, más de 200.000 personas se benefician de la dependencia y 219.000 de la #Teleasistencia. Y 48.000 empleos.Lo hacemos en solitario y vamos a mantener ese compromiso y a ampliarlo a nuevas personas.Ahora #MasAndaluciaQueNunca

Ante la eterna campaña electoral para la comunidad autónoma de Andalucía y la manera de hacer campaña mediante mensajes breves, populistas y llenos de demagogia, VI Andalucía se ve obligada, en este caso, a puntualizar las palabras que el pasado domingo 11 de noviembre lanzó la consejera de igualdad y políticas sociales María José Sánchez Rubio en las redes sociales.

Visto el informe de 2017 emitido por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, se puede apreciar que Andalucía, en efecto prioriza la dependencia, en lugar de la independencia y la autonomía personal. Los datos que refleja en su informe este organismo dependiente de la consejería que dirige la señora Rubio son definitivos.

En el año 2017 se dedicaron más de 343 millones de euros a la institucionalización de personas dependientes (este informe no especifica si las personas dependientes lo son por su adicción a las drogas, por su edad o por su diversidad funcional), también dedicó un monto de más de 362 millones de euros al servicio de atención domiciliaria, y casi 7 millones de euros a la teleasistencia.

Tan testimonial fue el capital empleado en fomentar la vida independiente de las personas mediante la asistencia personal que ni siquiera se refleja la cantidad en el informe. Aunque este recurso se encuentra dentro de la cartera de servicios de la llamada “Ley de dependencia” no se ha fomentado en absoluto la prestación económica de asistencia personal conforme a los postulados emitidos por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Deseamos afirmar que el desarrollo  de esta ley es contrario en muchos aspectos a lo concebido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI aprobado y ratificado por España hace más de una década. Es tarde, pero no debemos persistir en fomentar una ley que se opone a los derechos humanos de los que nuestra comunidad, nuestro país y la Unión Europea se enorgullecen.