Desde la Asociación y Oficina de Vida Independiente VIAndalucía, somos conscientes de la falta de implementación de las herramientas que hacen posible la inclusión en la comunidad de las personas con diversidad funcional. En nuestro empeño por conseguir revertir la situación y promover el derecho a tener una Vida Independiente, inherente a cualquier ser humano, no escatimamos esfuerzos para romper con modelos discriminantes y lograr que la ciudadanía con diversidad funcional tome el control de sus propias vidas.
Aún hoy estamos lejos de un cambio de paradigma real, que respete la diferencia y valore la riqueza que supone la diversidad. Diversidad que debe ser apoyada desde lo político, económico y social. Nada más lejos de la realidad.
Junto a las grandes carencias en Accesibilidad Universal, Educación Inclusiva o Empleo Inclusivo, la Asistencia Personal se muestra como una quimera, debido a la falta de compromiso político para universalizar el acceso a la misma.
Llevamos más de una década reclamando a la administración la regulación normativa de la prestación, de forma que toda la ciudadanía que la precise pueda contar con este apoyo para una vida plena, en igualdad de oportunidades con el resto de la población.
Sin embargo, el número de personas con diversidad funcional que disfruta de este recurso en nuestra tierra es meramente testimonial, a pesar de estar sobradamente demostrados sus beneficios socio-económicos y de existir ingente documentación de Naciones Unidas, así como los requerimientos de la propia ONU, instando a los gobiernos a hacer efectiva la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marco supranacional de obligado cumplimiento, cuyo artículo 19 hace hincapié sobre el derecho a llevar una Vida Independiente.
Ejercer el control de la propia vida es igualmente un factor fundamental que disminuye la incidencia de las distintas discriminaciones y situaciones de riesgo que soportan las personas con diversidad funcional. La Asistencia Personal se torna una herramienta preventiva contra cualquier tipo de violencia, especialmente la de género, con una mayor incidencia en las mujeres con diversidad funcional por su doble condición.
Como entidad, no podemos más que seguir trabajando para que la ciudadanía conozca este derecho, lo que conlleva su disfrute, y la injusticia y discriminación normalizada que supone su ausencia.