En primer lugar, es inaplazable la regulación normativa e implantación de un sistema de asistencia personal acorde a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Lo es hoy, como también lo era cuando en 2013 el Parlamento Andaluz aprobó por unanimidad una proposición no de ley para mejorar la prestación económica y las condiciones de acceso a la asistencia personal en Andalucía.
La Asistencia Personal es la mejor herramienta que existe hoy día para las personas con necesidades de apoyo humano pertenecientes a nuestro colectivo. Sólo de ese modo un gran número de la ciudadanía andaluza con diversidad funcional podrá ejercer su derecho a la vida independiente (artículo 19 UNCDPD).
El artículo 9.2 de la Constitución española señala que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
El primer paso lo hemos dado al mantener reuniones con diferentes formaciones políticas e instándoles a incluir explícitamente en sus respectivos programas electorales y, por consiguiente, en su discurso político, el compromiso de aprobación de una norma sobre asistencia personal para garantizar nuestra adecuada participación en la vida, aportación a la sociedad, libertad e igualdad efectiva. Pero no basta con que lo plasmen en el programa electoral y lo proclamen, sino que realmente deben hacerlo realidad a la mayor brevedad. Con demasiada frecuencia hemos sido testigos de sus promesas y compromisos incumplidos. En este sentido, existe una deuda enorme pendiente con las personas con diversidad funcional que debe ser saldada por quien salga elegido en los próximos comicios.
La norma debe ser ambiciosa, desde luego más de lo que ha supuesto la reforma de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía recientemente aprobada. De cualquier modo y en segundo lugar, les recordamos que en cuanto a accesibilidad universal a bienes y servicios públicos y de pública concurrencia estamos en la ilegalidad desde hace más de un lustro. Va siendo hora de ejecutar leyes ya aprobadas por las cortes generales de Madrid, con inspección y sanción apropiadas a la importancia de la accesibilidad universal.
En tercer y último lugar, no podemos dejar de mencionar la ausencia de iniciativa para fomentar la educación inclusiva de calidad, derecho que se viene negando a las personas con diversidad funcional en cualquier etapa de sus vidas desde tiempo inmemorial. Sabemos que sin acceso a la educación ni a la cultura se coloca a las personas en una situación de enorme vulnerabilidad. Tanto la accesibilidad universal como la asistencia personal son fundamentales para ejercer el derecho a una educación en inclusión.
La interconexión de estos tres asuntos para una vida en comunidad, supone que para nuestro colectivo sean de suma importancia. Asúmanlas como propias. Daremos la bienvenida a los pasos dados para erradicar toda discriminación por razón de diversidad funcional y para fomentar nuestra participación verdadera en sociedad en cualquier ámbito de la vida.