Ante el constatado mal servicio de taxis adaptados que padecemos en nuestra ciudad, Vida Independiente Andalucía ha presentado denuncia ante la Dirección General de Movilidad y ante el Instituto del Taxi del Ayuntamiento de Sevilla. Así mismo se han enviado sendas cartas a las emisoras Tele-Taxi, Radio-Taxi y a los sindicatos Foro Taxi Libre y Unión Sevillana del Taxi.
Tenemos conocimiento de que las asociaciones Eliminando Barreras y AUPGA (Asociación de Usuarios de Perros Guía ) han hecho lo propio.
El trato discriminatorio y denigrante al que se nos somete impunemente a las personas con diversidad funcional usuarias de este servicio público, nos ha llevado a tomar esta decisión.
Nuestra entidad tiene entre sus fines conseguir la implantación de la Accesibilidad Universal para que las personas con diversidad funcional puedan acceder a todos los bienes y servicios en igualdad de condiciones con el resto de la población.
El pan nuestro de cada día con los taxis adaptados
Con irritante frecuencia se nos obliga a aguardar desmesuradamente la llegada de un taxi adaptado, que previamente hemos solicitado, a veces durante horas y otras veces el taxi prometido no llega. El trato telefónico cuando solicitamos información a la compañía es despectivo en muchas ocasiones y la información que se nos suministra sobre, por ejemplo, el número de licencia del taxi que vendrá a recogernos, es nula.
Sabemos con certeza que habitualmente la cantidad de taxis adaptados de servicio es insuficiente para una ciudad como Sevilla y que además se reduce aún más en festivos, fines de semana y durante la noche.
Pero el ayuntamiento se da el lujo de permitir el cambio de licencia de taxi adaptado a convencional a los taxis que lo soliciten, por considerar que se ha superado el mínimo del 5% obligatorio. Algo que no es real, puesto que nunca está toda la flota de taxis adaptados en servicio.
Estos hechos vulneran los derechos a la libre circulación, no discriminación, igualdad de oportunidades, a la vida independiente y algunos más, contenidos en nuestra Constitución, en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y en otras normas, tanto nacionales como locales.
Por todo ello, exigimos que urgentemente se tomen medidas para subsanar esta situación por parte de las instituciones responsables.